LOS VERDADEROS PIRATAS
25 Oct 2009
Tags: África ecología economía política política internacional solidaridad
JOAQUIM SEMPERE
En 1991 se hundió el orden
político de Somalia, país que
sucumbió a una guerra civil
empeorada por la intervención
estadounidense. El colapso
político dejó la sociedad
somalí sin defensas, situación
que fue aprovechada por
navíos procedentes de
Europa, Estados Unidos,
China y otros países para
verter en sus aguas grandes
cantidades de residuos tóxicos y radioactivos. El abuso se hizo visible cuando,
en 2005, un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones
corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las
Naciones Unidas en Somalia Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica
acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres,
náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y, al menos, 300
muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una
multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país,
incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800
barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente,
españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta
pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la
rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso
para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los
más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de
constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”,
reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security,
que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo
–y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates
en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!–. Al parecer, hubo intentos de
esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca
extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir
haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy se
califica como piratería somalí. En un país plagado de armas, desgarrado por
bandas rivales y sometido a una situación económica desesperada, un
desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo anterior es legítimo
preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo
vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el Parlamento
vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de octubre
aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado meses
antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí lo
permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses llevan
militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países lograron
que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión Europea
aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí, y que se
diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para “garantizar la
seguridad” en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las costas de Somalia,
“incluidas sus aguas territoriales”.
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que está
tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de recursos
naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los países ricos,
compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los mares del
mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales culpables de la
sobrepesca que desde hace años viene destruyendo la capacidad de
regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de las capturas
a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones de los países
pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas potentes para
pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más sangrantes por
las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer
a uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una
injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus habitantes.
Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón del mundo,
¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y
luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace
más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde otra
óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de guerra, un
avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos destacados en la
zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras
agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo
privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia,
porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una resistencia
que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La solución hay que
buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y gestionándolos
mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la pesca), y
adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y sin fuente
de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo contrario:
optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo ecológico reforzado
militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento de la situación.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología
Medioambiental de la Universidad de Barcelona